Santo Domingo.– La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) expresó hoy su enérgico rechazo a las acciones violentas cometidas por la fuerza pública, presuntamente bajo mandato de la Minera Barrick Gold, en contra de comunidades indefensas en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

El presidente de la CASC, Gabriel Del Río Doñé, calificó como inaceptable el intento de la minera de apropiarse de los predios de estas comunidades, ofreciendo precios irrisorios por sus tierras y plantaciones, muy por debajo del valor real de mercado.

“Estas comunidades han trabajado toda su vida para construir su sustento. Ahora, pretender arrebatarles lo que les pertenece mediante la imposición de precios injustos y el uso de la fuerza es un acto de mala fe y un atentado contra sus derechos fundamentales”, afirmó Del Río Doñé.

El dirigente sindical denunció que la represión y el maltrato hacia quienes defienden lo que legítimamente les pertenece no solo son injustificables, sino que van en contra de los principios básicos de convivencia y diálogo.

“Las comunidades han demostrado su disposición a sentarse en la mesa de negociación, siempre buscando un acuerdo justo. Sin embargo, la empresa ha optado por imponer su voluntad mediante la violencia”, añadió.

Llamado a la intervención gubernamental

Del Río Doñé instó al ministro de Energía y Minas a intervenir en este conflicto y trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Catastro Nacional para realizar una valoración justa de los terrenos y las plantaciones.

“La Barrick Gold debe respetar los derechos de las comunidades y pagar un precio justo por los bienes que pretende adquirir. Sus intereses no pueden estar por encima de los derechos de la población”, enfatizó.

Asimismo, hizo un llamado al presidente de la República para que ordene una investigación exhaustiva sobre los hechos. “En un gobierno democrático, no se puede permitir este tipo de atropellos, que han dejado heridos, incluyendo al reverendo padre Yonny Durán, víctima de los golpes recibidos durante estos lamentables incidentes”, subrayó.

La CASC reafirmó su compromiso de acompañar a las comunidades afectadas en la búsqueda de soluciones definitivas y en la defensa de sus derechos. “No permitiremos que estos abusos queden impunes. Seguiremos orientando y respaldando a las comunidades para garantizar que se haga justicia”, concluyó Del Río Doñé.

Gabriel Del Río Doñé
Presidente

Altagracia Jiménez
Vicepresidenta

Delci E. Sosa
Vicepresidenta Prensa y Propaganda

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *