La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) respaldamos en su totalidad la posición asumida por el Gobierno dominicano, representado por el presidente Luis Abinader, en defensa de la soberanía nacional con respecto al conflicto surgido con el Gobierno de Haití debido a la construcción ilegal de un canal sobre el río Masacre.
La decisión del Gobierno de cerrar la frontera hasta que los haitianos desistan de la construcción del mencionado canal, una clara acción provocadora, debería recibir el apoyo de todos los dominicanos.
Para mantener la paz y la armonía entre los pueblos, las naciones acuerdan la firma de pactos que guían su devenir histórico en aras de lograr la armonía necesaria para su convivencia, un elemento fundamental para su desarrollo.
En el caso de la República Dominicana y Haití, los límites territoriales están establecidos en el Tratado Fronterizo Dominico-Haitiano de 1929, el acuerdo fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Fronteras de 1936. Estos límites son determinantes, innegociables e inamovibles.
Con la construcción de un canal sobre el río Masacre, las autoridades haitianas violan el Tratado Fronterizo de 1929, que en su artículo 10 establece lo siguiente: ‘En razón de que los ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el mismo territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas partes contratantes se comprometen a no llevar a cabo ni permitir ninguna obra que pueda alterar el curso de esos ríos o afectar las fuentes de agua’.
Ante el desafío de las autoridades haitianas, el Gobierno ha dispuesto, además del cierre de la frontera, la suspensión definitiva de la entrada al país de todos los involucrados en el conflicto, la detención de la emisión de visados hasta nuevo aviso, la garantía de abastecimiento de agua a los productores dominicanos y el inicio del proceso de construcción de la presa de Don Miguel en busca de una solución a largo plazo al conflicto.
Las autoridades haitianas deben reflexionar, ya que su actitud perjudica a su población, que es la principal beneficiaria del comercio con el país, y deben acudir a la mesa del diálogo con el deseo de contribuir a restablecer la tranquilidad entre ambas naciones.
