Santo Domingo. – La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), encabezada por su presidente Gabriel del Río Doñé, calificó como un hecho de gran trascendencia la reciente promulgación del nuevo Código Penal por parte del presidente de la República, Luis Abinader, considerándolo un paso firme hacia el fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad jurídica en el país.
Luego de más de 141 años de vigencia de una legislación penal considerada obsoleta, la actualización de este marco jurídico marca un momento histórico, adaptando la normativa a las realidades y desafíos actuales de la sociedad dominicana.
Del Río Doñé resaltó que la nueva legislación incorpora herramientas más efectivas para combatir la criminalidad organizada, la violencia de género, los delitos tecnológicos y la corrupción, a la vez que refuerza las garantías procesales y la protección de los derechos fundamentales.
“Desde la CASC saludamos la incorporación de figuras penales que atienden problemáticas urgentes y nuevas formas de delincuencia que afectan la paz social y el bienestar colectivo. Esta reforma representa un paso decisivo hacia una justicia más moderna, equitativa y sensible a las demandas de toda la ciudadanía”, expresó el dirigente sindical.
La central sindical también valoró la inclusión de disposiciones orientadas a la prevención del delito, la reinserción social de las personas condenadas y la reparación del daño a las víctimas, en un enfoque integral y humanista de la justicia penal.
La CASC reconoció el esfuerzo institucional que hizo posible esta reforma, superando décadas de intentos fallidos, y exhortó a garantizar su implementación efectiva mediante procesos de capacitación, socialización y fortalecimiento del sistema de justicia.
Asimismo, Del Río Doñé recordó que el propio presidente Abinader defendió la aprobación de la nueva norma (Ley 74-25), que entrará en vigor en 2026, señalando que, aunque no es perfecta, constituye la mejor opción posible en el contexto político y social actual.
Finalmente, el presidente de la CASC reconoció el papel del Congreso Nacional y la disposición de senadores y diputados que lograron superar obstáculos, unir voluntades y actuar con sentido patriótico para dotar a la República Dominicana de una legislación penal ajustada a las demandas del siglo XXI.
La organización reafirmó su compromiso de seguir impulsando políticas y marcos legales que promuevan la dignidad humana, la igualdad, la justicia social y la construcción de una sociedad más segura, democrática e inclusiva.
